Un mapa político muestra una línea. De un lado la Argentina, del otro Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia o Chile. Sobre esa línea hay puentes, puertos, aeropuertos y puestos de control, y buena parte de la discusión pública sobre fronteras sigue ocurriendo encima de ese dibujo.
Manuel Andrés Pereira, investigador del CONICET en el Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad de la Universidad Nacional de Córdoba, publicó en mayo de 2026 un trabajo que corre el foco. Analiza cómo se transformó el control migratorio argentino entre 2011 y 2022 a partir de documentos de organismos regionales, nacionales y subnacionales y de entrevistas a funcionarios públicos. Entre Ríos ocupa un lugar central en ese análisis, y la elección no es geográficamente casual: la provincia tiene una extensa frontera fluvial internacional con Uruguay y funciona como territorio de circulación entre la Argentina y el resto de Sudamérica.
La frontera se desprende de la línea
La idea más productiva del trabajo es también la más simple. Las funciones fronterizas pueden separarse del lugar donde está la frontera. A una persona se la identifica en un punto distinto de aquel donde cruzó el límite internacional. Sus antecedentes están almacenados en otra jurisdicción, la información proviene de varios organismos y la clasificación se apoya en datos producidos antes y en otro lado.
Pereira llama zona tecnológica al espacio construido por los estándares y las tecnologías que permiten producir, organizar y hacer circular esa información. La interoperabilidad es lo que habilita que actores estatales distintos operen sobre categorías compatibles. Desde esa perspectiva el territorio fronterizo deja de coincidir con la línea limítrofe. La frontera se desplaza hacia el interior del país, se proyecta hacia afuera, acompaña administrativamente al individuo y opera antes o después del cruce físico.
La información es infraestructura fronteriza
Solemos pensar la infraestructura fronteriza como algo material, con puentes, caminos, puestos migratorios, radares, embarcaciones, cámaras e instalaciones. El trabajo de Pereira permite agregar otra capa, la informacional, y ahí es donde una lectura geopolítica encuentra lo suyo.
Un Estado que identifica correctamente a una persona antes de autorizar su ingreso tiene una capacidad. Otro que registra ese ingreso y años después no puede determinar la situación de esa persona tiene una capacidad menor. Uno cuyos organismos producen información incompatible entre sí tiene menos todavía. El dato deja entonces de ser una herramienta administrativa y empieza a funcionar como capacidad territorial.
El propio Pereira concluye que la expansión de estas fronteras depende de la estandarización de la información, porque es lo que hace posible la cooperación entre escalas y organismos. Sin información interoperable, una parte de la frontera queda opaca.
Entre Ríos, donde la frontera es cotidiana
La escala provincial importa porque el control territorial real involucra a muchos más actores que el organismo migratorio nacional. Un extranjero puede ingresar por un paso habilitado, después residir en una provincia, usar servicios municipales, trabajar en circuitos económicos locales y relacionarse con instituciones públicas que registran cada cosa por separado y con criterios propios. La capacidad nacional depende de que esos niveles produzcan una representación suficientemente coherente de lo que ocurre.
Eso no significa fusionar indiscriminadamente todas las bases públicas, porque hay razones constitucionales, estadísticas y de protección de datos para poner límites. Significa que hace falta una arquitectura institucional capaz de convertir información fragmentaria en conocimiento estratégico.
En Entre Ríos la discusión no es abstracta. Tres puentes internacionales, Gualeguaychú-Fray Bentos, Colón-Paysandú y Concordia-Salto, sostienen una circulación diaria de trabajo, comercio, salud, estudio y turismo entre las dos orillas, y Salto Grande agrega una infraestructura binacional sobre el mismo tramo del río Uruguay. Es el tipo de frontera donde el cruce es rutina y donde la distancia entre registrar un movimiento y comprender una trayectoria se nota antes que en cualquier otro lado.
Medir primero, discutir después
La cuestión de la inmigración no registrada suele oscilar entre dos posiciones igualmente improductivas. Una atribuye sin evidencia problemas sociales o territoriales a la inmigración. La otra convierte en tabú cualquier investigación destinada a determinar con precisión la magnitud de la inmigración irregular o insuficientemente registrada. Un Estado moderno debería hacer exactamente lo contrario y medir.
Medir supone distinguir situaciones jurídicamente distintas que la discusión pública tiende a mezclar, entre el residente regular, el residente cuya documentación perdió vigencia, el ingreso reciente, la movilidad transfronteriza frecuente, la persona censada, la no censada y el ingreso realizado fuera de los dispositivos establecidos. Pereira muestra que la evolución del control migratorio argentino estuvo estrechamente ligada a tecnologías destinadas a identificar y clasificar movimientos. La pregunta, entonces, no es si el Estado debe saber, sino qué sabe, con qué precisión y durante cuánto tiempo conserva la capacidad de representar la realidad de su territorio.
El mismo hueco, visto con otro instrumento
Publicamos acá el trabajo geoespacial de Nissim Lebovits sobre los barrios populares argentinos, que encontró una discrepancia importante entre la población registrada y la que puede inferirse de las edificaciones observables. Ese hallazgo no demuestra que falten tres millones de personas en el Censo ni que existan tres millones de habitantes extranjeros clandestinos, y transformarlo directamente en cualquiera de esas afirmaciones sería metodológicamente incorrecto.
Lo que abre es una pregunta: ¿coincide la población estadísticamente representada con la que ocupa materialmente el territorio? Pereira permite formular una segunda: ¿coincide la población que atraviesa los dispositivos migratorios con aquella cuya trayectoria posterior el Estado puede conocer? Son problemas distintos, con métodos distintos, y convergen sobre una misma cuestión, que es qué capacidad tiene la Argentina de producir conocimiento sobre los movimientos humanos que transforman su territorio.
Soberanía informacional no equivale a vigilancia
Conviene marcar la diferencia porque se confunden con facilidad. La vigilancia indiscriminada pretende observar permanentemente al individuo. La inteligencia territorial que necesita un Estado pretende conocer magnitudes, distribuciones, movimientos, concentraciones y vulnerabilidades del sistema nacional, y puede hacerlo preservando derechos individuales.
Cuanto más sofisticados se vuelven los sistemas de identificación, más fácil resulta confundir control tecnológico con control territorial. Un dispositivo biométrico identifica sin error a quien atraviesa un paso habilitado y no dice nada de quien nunca pasó por ahí. Una base migratoria registra perfectamente una entrada sin garantizar que se conozca la residencia efectiva de esa persona diez años después. Un satélite identifica una construcción y no determina quién vive adentro. Cada instrumento observa una parte, y la capacidad estratégica aparece cuando el Estado consigue leer el sistema completo.
El territorio conocido es territorio gobernable
La frontera filtra personas, y también mercancías, capital, información, tecnología y energía, y cada uno de esos flujos tiene su propio sistema de registro. Migraciones conoce movimientos humanos, la Aduana registra mercancías, el Banco Central y el sistema financiero observan determinados movimientos monetarios, los organismos tributarios producen información económica, el RENAPER identifica personas, el INDEC representa estadísticamente población y actividad, y las provincias tienen catastros y registros propios. La pregunta que deja abierta Pereira es si la Argentina posee solamente organismos que producen datos o si posee además capacidad de convertirlos en una representación estratégica integrada del territorio nacional.
Un Estado puede tener jurisdicción plena sobre un territorio y conocerlo mal. Puede acumular millones de registros administrativos sin convertirlos nunca en conocimiento útil. La frontera física sigue siendo indispensable y ya no alcanza, porque un país que no puede convertir su territorio en conocimiento propio termina dependiendo de representaciones incompletas de sí mismo. Y lo que un Estado no consigue identificar, medir y comprender difícilmente pueda convertirse en objeto de una estrategia nacional.
Nota editorial: esta reseña no supone adhesión a la perspectiva teórica del autor. Pereira se inscribe en los estudios críticos de migraciones y fronteras y problematiza también las tecnologías de clasificación y los perfiles de riesgo. Para Geopolítica.ar, el interés de su trabajo reside en que sus resultados permiten examinar, desde una perspectiva propia, la relación entre información, capacidad estatal, territorio y soberanía informacional.