Buenos Aires trata Malvinas, la Antártida, la pesca ilegal y Tierra del Fuego como expedientes separados. Londres los administra como un solo sistema, con un comando único que une Mount Pleasant, Georgias, Sandwich y Ascensión, y con una red de relaciones sudamericanas que abarata el costo de permanecer en el Atlántico Sur. Chile, Uruguay y Brasil sostienen esa red sin haber renunciado nunca al apoyo diplomático a la posición argentina, porque hasta ahora esa duplicidad no les costó nada.
Hay una diferencia de método antes que de fuerza entre la manera en que Londres y Buenos Aires miran el Atlántico Sur.
La Argentina lo divide administrativamente. Malvinas constituye una política, la Antártida otra, la pesca ilegal otra, Tierra del Fuego otra. La Armada, la marina mercante, los puertos, los hidrocarburos offshore y la relación con Chile, Uruguay y Brasil pertenecen a organismos distintos y, muchas veces, a discusiones políticas distintas que no se cruzan nunca.
El Reino Unido hace lo contrario.
La documentación británica actualizada en agosto de 2026 coloca bajo un mismo comando, las British Forces South Atlantic Islands, al complejo militar de Mount Pleasant, a las responsabilidades británicas sobre Georgias del Sur y Sandwich del Sur y a la actividad militar británica en la isla Ascensión. La revisión estratégica de defensa británica de 2025 integra además esas posiciones dentro de una Integrated Global Defence Network, cuya función declarada consiste en usar bases, diplomacia militar, tecnología y relaciones con países asociados para defender intereses británicos y producir alcance global.
Ése es el punto de partida correcto para cualquier política argentina que aspire a durar más de un mandato. El adversario estratégico administra una red, no una isla, y la respuesta argentina debería empezar por describir esa red con precisión.
Qué es el sistema del Atlántico Sur
Desde el interés nacional argentino, el sistema puede leerse en cinco componentes interdependientes, a los que se suman los vínculos empresariales, financieros y diplomáticos que los sostienen.
1. El núcleo territorial. Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes. No se trata solamente de superficie terrestre. Alrededor de esos territorios aparecen jurisdicciones pesqueras reclamadas, recursos del lecho y el subsuelo, posiciones para vigilancia marítima y aérea, y espacios oceánicos enormes.
Naciones Unidas continúa reconociendo expresamente que existe una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido sobre las Malvinas, que permanecen incluidas en la lista de territorios no autónomos. El Comité de Descolonización volvió a tratar el asunto en junio de 2026. El significado geopolítico de esos territorios se multiplica porque forman un arco que conduce desde la plataforma continental sudamericana hacia aguas subantárticas y antárticas.
2. El componente militar. Mount Pleasant funciona como nodo de presencia permanente antes que como guarnición encargada de impedir una recuperación militar argentina. El propio Ministerio de Defensa británico lo integra a una red militar mundial y reconoce que las BFSAI tienen responsabilidades que conectan Malvinas, Georgias, Sandwich y Ascensión.
La importancia de Ascensión resulta decisiva porque transforma el Atlántico en profundidad estratégica. La presencia británica no termina en Malvinas ni empieza en Gran Bretaña; hay escalones intermedios. Eso modifica la comparación relevante. No se trata de la Argentina frente a los habitantes de las islas, sino de la capacidad argentina frente a una potencia nuclear de la OTAN que incorpora sus posiciones australes a una infraestructura militar global.
3. El componente económico. Aquí aparecen la pesca, el petróleo, eventualmente el gas y los servicios derivados de esas actividades. La Prefectura contabilizó durante la temporada 2024-2025 unos 523 pesqueros extranjeros identificados en el conjunto del área adyacente a la zona económica exclusiva, Malvinas-Georgias-Sandwich y la Antártida. De ellos, 141 fueron registrados en torno de Malvinas, Georgias y Sandwich.
El proyecto Sea Lion agrega una dimensión cualitativamente distinta. El problema no consiste solamente en el petróleo extraído. Una explotación sostenida capitaliza el territorio ocupado, genera ingresos fiscales, infraestructura portuaria, servicios especializados y empleo, y atrae intereses corporativos internacionales, seguros, transporte y vínculos financieros que aumentan la autonomía económica de la administración isleña.
Por eso importa la reacción argentina del 3 y 4 de septiembre de 2026, cuando el Gobierno inició procedimientos contra 45 personas humanas y jurídicas, incluidos accionistas y proveedores de servicios del proyecto. Una ocupación económicamente autosuficiente resulta mucho más difícil de revertir que una ocupación subsidiada.
4. El componente logístico. Éste es uno de los grandes puntos ciegos argentinos. Ninguna posición oceánica se sostiene sólo con soldados o con documentos jurídicos. Necesita puertos, combustible, alimentos, repuestos, hospitales, talleres, tripulaciones, aeropuertos, vuelos comerciales, carga marítima, seguros y comunicaciones.
Ahí entran los países sudamericanos. La información oficial de la administración de las islas indica que en 2026 funcionan un vuelo semanal de LATAM entre Chile y Mount Pleasant, vuelos británicos desde Brize Norton y un servicio marítimo regular entre las islas y Uruguay, con escalas periódicas en Chile. Eso merece una definición más precisa que la de «relaciones comerciales». Chile y Uruguay reducen objetivamente el costo geográfico de la ocupación británica. La afirmación no supone que sus gobiernos reconozcan soberanía británica, porque no la reconocen. Describe una función material.
5. El componente antártico. Probablemente sea la dimensión futura más importante. La Argentina, Chile y el Reino Unido tienen reclamaciones antárticas superpuestas, aunque el artículo IV del Tratado Antártico preserva las posiciones existentes y dispone que las actividades realizadas mientras el Tratado esté vigente no pueden crear, ampliar ni destruir títulos de soberanía.
Esa congelación jurídica no vuelve irrelevante la presencia, porque la capacidad científica, logística, cartográfica, meteorológica, aérea y marítima sigue produciendo capacidad material. El Reino Unido publicó en diciembre de 2025 su primera estrategia antártica hasta 2035, que incluye expresamente entre sus objetivos la defensa de sus intereses soberanos.
Chile, el caso más delicado
Conviene abandonar dos simplificaciones. Chile no es un satélite británico. Tampoco es un actor neutral desde la perspectiva de la correlación de fuerzas austral.
La documentación disponible resulta demasiado explícita para ignorarla. Chile y el Reino Unido mantienen una Carta de Intención de Cooperación Antártica 2023-2028, con diálogo bilateral institucionalizado entre sus organismos antárticos y cooperación científica. En mayo de 2026 una delegación del Royal College of Defence Studies británico visitó Punta Arenas, el INACH y el rompehielos Almirante Viel; la propia comunicación británica calificó a Chile como socio estratégico en defensa y seguridad, observación espacial, minerales críticos y cooperación antártica. Punta Arenas sigue proporcionando la conexión aérea comercial semanal con Mount Pleasant. Y durante la operación Austral Endurance hubo cooperación entre fuerzas británicas asentadas en el Atlántico Sur y contrapartes chilenas para mejorar capacidades de operación antártica.
Por separado, cada hecho puede presentarse como cooperación normal entre Estados. Observados en conjunto forman otra imagen: Punta Arenas, infraestructura antártica chilena, cooperación científica británica, cooperación de defensa, conectividad con Mount Pleasant, proyección hacia la península Antártica. No hace falta una conspiración. Hace falta un mapa.
Al mismo tiempo, Chile mantiene oficialmente el apoyo a los derechos argentinos en Malvinas. Santiago desarrolla entonces una política de dos carriles, con solidaridad diplomática hacia la Argentina y cooperación material con el Reino Unido. Desde el interés chileno tiene toda la racionalidad del mundo, porque obtiene acceso al mercado argentino, energía argentina, integración física, comercio regional, vínculo privilegiado con una potencia europea, cooperación militar, conocimiento antártico y el posicionamiento de Punta Arenas como puerta de entrada a la Antártida. Lo relevante es que hasta hoy el costo argentino de esa duplicidad ha sido prácticamente nulo.
La paradoja económica chilena
Acá aparece uno de los datos más reveladores. En 2025 el intercambio comercial Chile-Argentina alcanzó US$ 7.931 millones. La Argentina es hoy el quinto socio comercial de Chile y el segundo de Sudamérica. El comercio de bienes entre Chile y el Reino Unido durante el mismo año fue de aproximadamente US$ 1.110 millones según estadísticas oficiales chilenas. Más importante todavía, las importaciones chilenas procedentes de la Argentina fueron US$ 6.865 millones, frente a sólo US$ 609 millones procedentes del Reino Unido.
En energía la asimetría es mayor. El Ministerio de Energía chileno informó que en 2025 alrededor del 20% de sus importaciones energéticas procedió de la Argentina, que se convirtió en su segundo proveedor energético después de Estados Unidos.
La relación material con la Argentina es, por lejos, más grande que la relación con Gran Bretaña. ¿Por qué entonces Chile puede cooperar con Londres en sectores extremadamente sensibles para nosotros? Porque beneficio económico y alineamiento estratégico no son la misma variable. Londres ofrece otra cosa: tecnología, conocimiento, cooperación militar, inserción financiera, prestigio académico, redes internacionales y asociación con una potencia extrarregional. Y sobre todo, Chile aprendió que puede obtener las dos cosas a la vez. El problema argentino no consiste en que Chile haya elegido a Gran Bretaña por encima de nosotros. Consiste en algo bastante más incómodo: nunca tuvo que elegir.
Uruguay, la retaguardia logística menos observada
Uruguay es un caso distinto. Su importancia no surge de la Antártida sino de Montevideo. La cercanía geográfica al Atlántico Sur y la infraestructura portuaria lo convierten naturalmente en plataforma logística, y la documentación oficial de las islas confirma hoy un servicio marítimo regular con Uruguay.
Los vínculos no son nuevos. Una descripción de la propia embajada británica señalaba ya hace una década la provisión de frutas y verduras uruguayas, pescadores uruguayos trabajando en las islas, atención médica de isleños en Montevideo y esfuerzos explícitos para aumentar los vínculos comerciales.
Tampoco se trata sólo de historia. En mayo de 2026 Uruguay y el Reino Unido firmaron un nuevo memorando de cooperación estratégica bilateral en materias económicas e institucionales; el proceso había identificado infraestructura, sector aeroespacial, inteligencia artificial e innovación entre las áreas prioritarias. Londres inició además en julio consultas destinadas a profundizar su relación comercial con Uruguay mientras avanza el ingreso uruguayo al CPTPP. Existe también cooperación británico-uruguaya en defensa y formación militar, y un compromiso previo de desarrollar cooperación antártica.
Vuelve a aparecer la misma contradicción. Uruguay respalda diplomáticamente a la Argentina en Malvinas, y determinadas actividades uruguayas ayudan a mantener conectada la economía isleña con el continente. La asimetría económica es otra vez considerable. En 2025 la Argentina exportó unos US$ 1.624 millones a Uruguay e importó US$ 558 millones, alrededor de US$ 2.182 millones de intercambio de bienes. El comercio británico de bienes con Uruguay durante 2025 fue de unos £ 501 millones según estadísticas británicas. A eso hay que sumarle Salto Grande, la infraestructura física compartida, el Mercosur, el turismo, las inversiones recíprocas y la interdependencia del Río de la Plata.
Uruguay obtiene de la Argentina mucho más que comercio. Obtiene profundidad continental inmediata. Y aun así, como Chile, pudo desarrollar relaciones con Londres y conexiones con las islas sin asumir prácticamente ningún costo argentino.
Brasil, el caso más complejo
Brasil no puede colocarse en la misma categoría. No hay evidencia suficiente para afirmar que esté proporcionando hoy a Malvinas una función logística equivalente a la chilena o la uruguaya. Al contrario, Brasil sigue respaldando oficialmente la posición argentina y en junio de 2026 habló ante el Comité de Descolonización en nombre de la ZOPACAS.
Pero hay una novedad que una lectura argentina seria no puede ignorar. El 26 de marzo de 2026 Brasil y el Reino Unido elevaron su vínculo a una Asociación Estratégica 2026-2030 que no es solamente comercial. Incluye cooperación de defensa, transferencia de tecnología, cooperación industrial militar, entrenamiento, ejercicios conjuntos, intercambios militares, cooperación espacial, investigación e innovación de defensa, intercambio de información marítima y cooperación en doctrina militar.
Ese dato debe leerse junto con otro. La estrategia militar británica contemporánea afirma explícitamente que Londres usará la diplomacia de defensa y las relaciones con países socios como parte de su red global. No se puede demostrar que la asociación Brasil-Reino Unido tenga por finalidad Malvinas, y afirmarlo sería falso. Tampoco puede sostenerse que sea geopolíticamente irrelevante para la Argentina que la principal potencia sudamericana profundice cooperación militar, tecnológica, espacial y doctrinal con la potencia extrarregional que mantiene una base militar sobre territorio argentino reclamado. Ésa es la cuestión que debería plantearse Buenos Aires.
La interdependencia es enorme. Datos oficiales brasileños indican que la Argentina fue en 2025 el tercer socio económico de Brasil: las exportaciones brasileñas hacia la Argentina superaron los US$ 18.000 millones y las importaciones procedentes de la Argentina se acercaron a los US$ 13.000 millones. Más de US$ 31.000 millones en total, sobre una integración automotriz, industrial, nuclear, eléctrica y gasífera densa. En abril de 2026 ambos países terminaron un estudio bilateral destinado a desarrollar exportaciones de gas de Vaca Muerta hacia Brasil. La relación económica británico-brasileña es importante, pero la propia declaración de la nueva asociación estratégica registra £ 13.300 millones de comercio bilateral.
Otra vez, la cuestión no consiste en que Brasil haya preferido comercialmente a Londres, sino en que Brasilia considera que puede maximizar ambos vínculos a la vez. Desde su perspectiva es racional. Desde la nuestra, corresponde preguntarse si esa libertad de maniobra debe extenderse sin límite a cuestiones que afectan directamente el equilibrio estratégico del Atlántico Sur.
Londres no necesita aliados antiargentinos
Probablemente sea la conclusión más importante de esta investigación. No hay evidencia seria de un pacto Chile-Uruguay-Brasil-Reino Unido dirigido secretamente contra la Argentina. Tampoco hace falta.
La estrategia británica obtiene resultados superiores mediante algo mucho menos visible: redundancia continental. Si la Argentina intenta aislar la ocupación, existen conexiones por Chile. Si aparece una dificultad chilena, está Uruguay. Si Londres necesita ampliar su penetración política, militar, científica o tecnológica regional, tiene relaciones con Brasil. Si necesita legitimidad científica antártica, coopera con Chile. Si necesita servicios regionales, hay una red empresarial continental. Y detrás de todo eso permanecen Ascensión y la conexión directa con Gran Bretaña.
La consecuencia es notable. Ningún Estado sudamericano necesita declararse aliado británico en Malvinas para que el conjunto de sus decisiones termine reduciendo el costo británico de permanecer en el Atlántico Sur. Eso resulta mucho más eficiente que una alianza formal.
Dónde está el umbral
Conviene definir el término con precisión. Mantener relaciones diplomáticas o comerciales normales con el Reino Unido no debería considerarse colaboración contraria al interés argentino; nosotros también las mantenemos. El umbral tiene que ser material.
Habría colaboración objetivamente contraria al interés argentino cuando una persona, empresa o Estado regional abastezca directamente la economía de los territorios disputados; proporcione transporte regular de pasajeros o carga; facilite reparaciones, bunkering, seguros o servicios portuarios a embarcaciones vinculadas con explotaciones no autorizadas; participe directa o indirectamente en Sea Lion u otra explotación de recursos; proporcione infraestructura o servicios que aumenten capacidades militares británicas asentadas en los territorios disputados; utilice la cooperación antártica para reforzar materialmente posiciones británicas superpuestas con las argentinas; ayude a construir reconocimiento internacional separado de las islas como sujeto soberano; o financie, asegure o asesore operaciones económicas cuya legalidad la Argentina desconoce.
Es una definición operacional, y permite diferenciar la cooperación legítima con Gran Bretaña de la asistencia material a la consolidación del statu quo territorial.
El socio imprescindible del sistema británico son nuestras propias debilidades
Una doctrina seria no puede atribuirle todo a los vecinos. Ese autoengaño ya nos costó caro otras veces. Hay factores nacionales que favorecen objetivamente la posición británica.
La discontinuidad política. Probablemente sea el principal. En 2016 el comunicado Foradori-Duncan acordó tomar medidas para eliminar obstáculos que limitaban el crecimiento económico y el desarrollo sostenible de las islas en materia de comercio, pesca, navegación e hidrocarburos. En 2018 la Argentina aceptó un nuevo enlace aéreo regional con las islas vía San Pablo. En 2026 el Estado está iniciando sanciones contra participantes de Sea Lion. Cada política puede discutirse; lo que no puede negarse es la oscilación. Una potencia externa que piensa en décadas se beneficia enormemente cuando su contraparte cambia de doctrina cada cuatro años.
La desmaritimización económica. El propio Estado argentino reconoció en 2025 que desde 1991 la marina mercante nacional había perdido más del 80% de su pabellón. Un país que reclama espacios oceánicos enormes pero depende de terceros para transportar su comercio exterior tiene soberanía jurídica sin poder marítimo equivalente.
La debilidad militar relativa. Según los últimos datos del SIPRI, la Argentina gastó alrededor de US$ 3.876 millones en defensa durante 2025, frente a unos US$ 88.978 millones del Reino Unido. La comparación no implica que debamos perseguir paridad, lo que sería absurdo. Significa que la recuperación de una capacidad mínima de disuasión, vigilancia oceánica, patrulla marítima, defensa aérea y conocimiento situacional es una condición de credibilidad estatal antes que un accesorio de la política Malvinas.
La vulnerabilidad logística fueguina. Ushuaia debería ser uno de los grandes nodos logísticos del hemisferio austral. Sin embargo, en enero de 2026 la propia autoridad nacional describió déficits de infraestructura suficientemente graves como para disponer la intervención administrativa del puerto, al que simultáneamente calificó como estratégico para la proyección antártica. Mientras discutimos quién administra un muelle, Punta Arenas compite por convertirse en puerta de entrada antártica internacional.
La fragmentación institucional. Cancillería maneja Malvinas, Defensa controla capacidades militares, Economía administra hidrocarburos y puertos, Tierra del Fuego defiende competencias provinciales, Prefectura vigila el mar, la Armada desarrolla intereses marítimos, el INIDEP estudia recursos pesqueros y la política antártica tiene su propio entramado. Cada organismo puede actuar correctamente y el sistema completo fracasar igual. Por eso merece atención la reciente decisión de crear una estructura de seguridad nacional transversal: Sea Lion está obligando al Estado a reconocer que soberanía, economía, inteligencia, defensa e infraestructura forman parte del mismo problema.
El continentalismo cultural. Tenemos un mapa bicontinental obligatorio desde 2010 y, aun así, una cultura de Malvinas sin suficiente cultura marítima. Se recuerda la isla y se conoce mucho menos la plataforma continental. Se conmemora la guerra y se discute mucho menos la marina mercante. Se reivindica la Antártida y se presta menor atención a puertos, rompehielos, investigación oceanográfica, industria naval, cables submarinos, pesquerías y logística polar. El resultado es una soberanía simbólicamente intensa y materialmente incompleta.
Qué pasaría si la Argentina empezara a imponer costos
También acá conviene abandonar el voluntarismo. Tenemos instrumentos de presión, pero no la misma capacidad frente a Chile, Uruguay y Brasil, y sancionar indiscriminadamente sería un error.
Contra las empresas involucradas, la capacidad es alta. La Ley 26.659 prohíbe expresamente participar, financiar, contratar o prestar servicios financieros, logísticos, técnicos o de asesoramiento a actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental reclamada por la Argentina. Las sanciones incluyen inhabilitaciones de cinco a veinte años e imposibilidad de contratar con el Estado. El precedente existe: Navitas fue inhabilitada por veinte años en 2022. Por eso la ampliación de septiembre de 2026 hacia accionistas y proveedores pesa mucho más que una protesta diplomática. El principio puede ser sencillo: quien contribuya económicamente a la explotación unilateral deberá elegir entre ese negocio y el mercado argentino. Eso sí genera una decisión empresarial.
Con Chile, condicionalidad antes que castigo. Tenemos capacidad económica significativa, y eso no significa cortar relaciones ni cerrar fronteras. La variable energética es especialmente sensible, con ese 20% de las importaciones energéticas chilenas de 2025 procedente de la Argentina. Pero usar cortes arbitrarios de energía sería jurídicamente cuestionable, destruiría nuestra reputación como proveedor y empujaría a Chile a buscar sustitutos. La herramienta inteligente pasa por condicionar beneficios futuros extraordinarios: contratos energéticos de muy largo plazo, nueva infraestructura de exportación, financiamiento argentino, proyectos logísticos, compras públicas, cooperación de defensa, beneficios regulatorios, proyectos antárticos conjuntos. No como castigo colectivo sino como reciprocidad estratégica. Una Argentina que provea gas competitivo durante treinta años tiene derecho a preguntar qué obtiene a cambio en el plano estratégico.
Con Uruguay, precisión societaria. Buenos Aires podría aumentar el costo de aquellas empresas que actúen simultáneamente en la Argentina y en actividades ligadas a los territorios disputados, e intensificar controles sobre navieras, seguros, bunkering, agencias portuarias, proveedores, contratistas, bancos y operadores vinculados con proyectos extractivos. Una guerra comercial contra Uruguay sería estratégicamente torpe, porque necesitamos un Río de la Plata cooperativo y Uruguay nos necesita. Precisamente por eso hay espacio para una regla regional más precisa: ningún Estado del Mercosur debería permitir que su territorio funcione como plataforma para explotaciones económicas unilaterales realizadas en territorios sujetos a una disputa de soberanía reconocida por Naciones Unidas. Eso convierte a Malvinas de solidaridad retórica en obligación material.
Con Brasil, negociación dura y no coerción. Intentar castigar comercialmente a Brasil pondría en riesgo una relación superior a los US$ 31.000 millones y cadenas industriales decisivas para nosotros mismos. La relación de poder no nos es favorable. La herramienta apropiada es la negociación estratégica. Brasil debería ser llevado diplomáticamente a enfrentar una contradicción. ¿Puede reivindicar el Atlántico Sur como zona de paz, apoyar los derechos argentinos y profundizar cooperación de defensa con Gran Bretaña sin establecer ninguna salvaguarda respecto de las fuerzas británicas desplegadas en el Atlántico Sur? Un acuerdo argentino-brasileño serio debería establecer que ninguna cooperación militar brasileño-británica alimente capacidades de las BFSAI, use información suministrada desde la región para reforzar Mount Pleasant, preste apoyo logístico a fuerzas destinadas a los territorios disputados ni facilite unilateralmente la proyección británica desde Malvinas hacia el sistema antártico. Eso sería verificable, y obligaría a pasar del «Brasil apoya Malvinas» a una pregunta más útil: qué hace Brasil materialmente para que ese apoyo tenga consecuencias.
La unidad de sanción no es el país
Ahí está la diferencia entre nacionalismo declamatorio y política de poder. Sancionar a Chile porque es Chile sería contraproducente. Sancionar a Uruguay porque es Uruguay, también. Pretender disciplinar comercialmente a Brasil sería probablemente autodestructivo.
La unidad correcta de sanción es la conducta, con su actor identificado y el beneficio argentino afectado. Una empresa chilena participa en Sea Lion y pierde acceso a determinados negocios argentinos. Una naviera uruguaya presta servicios esenciales a una explotación no autorizada y enfrenta sanciones y restricciones dentro de la jurisdicción argentina. Una empresa británica usa una subsidiaria brasileña para participar en operaciones prohibidas y se extiende la trazabilidad societaria. Una cooperación militar extranjera contribuye a capacidades británicas desplegadas en las islas y la Argentina suspende o limita áreas equivalentes de cooperación estratégica.
Eso produce algo que hoy prácticamente no existe: costo de oportunidad.
Por qué los vecinos pueden actuar así
La respuesta es incómoda. Chile, Uruguay y Brasil no están arriesgándolo todo. Calcularon que no arriesgan casi nada.
La Argentina les ofrece mercado, energía, turismo, integración industrial, infraestructura, acceso territorial, Mercosur, interconexiones eléctricas, gas y proximidad geográfica. Gran Bretaña les ofrece capital, finanzas, tecnología, defensa, universidades, cooperación científica, inserción internacional, CPTPP en determinados casos, relaciones diplomáticas y prestigio institucional.
¿Por qué deberían renunciar voluntariamente a cualquiera de las dos relaciones si la Argentina jamás convirtió su posición en una condición material? La lógica no tiene que ver con la amistad ni con la traición sino con el cálculo de poder, y nuestro error estratégico consiste en esperar solidaridad donde deberíamos haber puesto incentivos.
La doctrina que falta
La política argentina debería abandonar la «Cuestión Malvinas» entendida aisladamente y formular algo bastante mayor, un Sistema Nacional del Atlántico Sur y Antártida que integre en una sola planificación las Malvinas, Georgias y Sandwich, la plataforma continental, la Antártida, el Mar Argentino, la pesca, los hidrocarburos offshore, la Armada, la Prefectura, la Fuerza Aérea, la inteligencia, los puertos, la industria naval, la marina mercante, los cables submarinos, los satélites, la oceanografía, la investigación polar, Tierra del Fuego, la Patagonia, Ushuaia y Río Grande, la relación con Punta Arenas y con Montevideo, el vínculo con Brasil, la ZOPACAS, las empresas vinculadas a la explotación de recursos, los seguros, el financiamiento y la logística, y la educación y la cultura marítima.
Y sobre todo debería aplicar una regla permanente. Toda decisión de política exterior, económica, energética, científica, militar o comercial tendría que ser evaluada por su efecto acumulativo sobre la correlación de poder argentina en el Atlántico Sur. Ése es el criterio que falta.
El punto decisivo
La mayor habilidad británica no consistió en convencer a Chile, Uruguay o Brasil de que Malvinas son británicas. No lo consiguió, y los tres continúan apoyando formalmente la posición argentina; en junio de 2026 volvieron a hacerlo dentro del sistema regional.
Londres logró algo más útil. Consiguió separar la posición diplomática del comportamiento material.
Los vecinos pueden votar con nosotros y comerciar con las islas. Pueden apoyar negociaciones de soberanía y cooperar militarmente con Londres. Pueden defender la zona de paz del Atlántico Sur y ampliar simultáneamente su asociación de defensa con Gran Bretaña. Pueden respaldar Malvinas y ayudar a que Mount Pleasant siga conectado con Sudamérica. Para ellos no hay contradicción porque la Argentina no obligó a que la hubiera.
La reconstrucción argentina del poder en el Atlántico Sur no empieza preguntando quiénes son nuestros amigos. Empieza con una pregunta más severa: qué conductas sirven al interés argentino, cuáles sirven al dispositivo británico y qué costo concreto estamos dispuestos a imponer cuando ambas cosas se vuelven incompatibles.
Mientras la solidaridad regional siga siendo gratuita, será declarativa. El día en que colaborar materialmente con la consolidación británica implique perder oportunidades reales en la Argentina, aparecerá por primera vez una elección verdadera. Y sólo entonces la dimensión continental de la disputa empezará a funcionar a favor, y no únicamente en contra, del interés nacional.