En enero de 2016 el Foreign Office publicó un llamado a propuestas para evaluar su programa global de becas. El pliego pedía construir un marco de medición permanente con cinco indicadores. Cuatro son los que cualquiera esperaría de un organismo que rinde cuentas por dinero público, el retorno sobre la inversión, la relación costo beneficio, el rastreo del regreso efectivo del becario a su país y la satisfacción del propio becario. El quinto lleva un nombre que conviene leer despacio, return on influence, una definición que nada disimula. Se trata del cambio en las actitudes hacia el Reino Unido entre los alumni de Chevening y sus redes en sus países de origen.

Dos detalles de esa formulación merecen atención. El objeto medido no es el becario sino sus redes, de modo que el programa se evalúa por el efecto que produce en círculos de segundo grado. Y el indicador es actitudinal, mide disposición, no rendimiento académico. Nada de eso hay que deducirlo ni inferirlo. El Estado británico dejó escrito cómo mide el afecto que financia.

Chevening existe desde 1983 y depende del Foreign, Commonwealth & Development Office. En el ejercicio 2025-2026 recibió 59,4 millones de libras, con el 97 por ciento computado como gasto de desarrollo, y otorga alrededor de mil cuatrocientas becas por año. Acumula más de sesenta mil egresados en más de ciento cuarenta países, entre ellos veintidós jefes de Estado o de gobierno actuales o pasados. Hay dos exclusiones que dicen mucho sobre el diseño, Estados Unidos y los países de la Unión Europea. El programa no va donde ya hay acceso.

En la Argentina opera desde 1991. En 2018 la embajada informaba más de quinientos diez seleccionados y en agosto de este año el embajador David Cairns habló de más de seiscientos profesionales argentinos beneficiados. Las cohortes recientes se mueven entre veintiuno y treinta y cinco becarios por año, con destino en la London School of Economics, Oxford, el University College London, King's College y Dundee. Son números modestos en términos absolutos y muy concentrados en términos de perfil, gente de entre veinticinco y treinta y cinco años con experiencia laboral previa que vuelve al país por obligación contractual.

El vínculo no termina con la maestría. Existe una asociación local de alumni con comisión directiva electa por voto y embajadores regionales en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y la Patagonia. En marzo de 2013 Buenos Aires fue sede de la primera conferencia latinoamericana de egresados, en la residencia del embajador británico, con delegados de diez países y financiamiento del Chevening Alumni Fund. El valor de una red así no está en su volumen sino en la arquitectura en que el Estado receptor (Gran Bretaña) financia la difusión del instrumento de influencia del Estado emisor (Argentina).

Para sorpresa de nadie, el reclutamiento pasa por el propio Estado argentino. La convocatoria se publica en Campus Argentina Global, la plataforma de becas internacionales del Ministerio de Capital Humano, que en septiembre de 2023 difundió la apertura del ciclo con anuncio propio.

Una fundación, una funcionaria y un programa

El 17 de agosto de este año El Destape publicó una investigación de Nicolás Lantos sobre el Future Leaders Programme Argentina, una iniciativa de la Fundación Argentina Global lanzada con apoyo del programa Chevening de la Embajada Británica en Buenos Aires. Está dirigida a estudiantes universitarios avanzados y recién graduados, combina talleres virtuales, encuentros con especialistas y visitas institucionales, arranca el 7 de septiembre con un taller a cargo de Fulvio Pompeo (secretario general y de Relaciones Internacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Secretario de Relaciones Internacionales del PRO y Presidente de la Fundación Argentina Global) y cierra en febrero de 2027 en la sede de la embajada.

El punto sensible es quién integra esa fundación. Paola Di Chiaro figura como miembro fundador y desde enero de 2024 conduce nada menos que la Secretaría de Malvinas, Antártida, Política Oceánica y Atlántico Sur de la Cancillería. Viene de un recorrido largo por el aparato estatal, asesora en comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa del Congreso entre 1998 y 2009, directora general de Relaciones Internacionales del gobierno porteño, subsecretaria de Asuntos Globales y jefa de la Unidad Estrategia Nacional de Seguridad entre 2015 y 2019, y secretaria de Estrategia y Asuntos Militares en Defensa. Pompeo, que dará el taller inaugural, fue secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia en el mismo período.

Conviene una precisión que buena parte de la cobertura pasó por alto. Varios títulos afirmaron que la funcionaria participa del programa Chevening. No existe fuente pública que acredite que Di Chiaro haya sido becaria. Lo documentado es que la fundación que cofundó ejecuta una actividad con apoyo del programa, que es una relación institucional y no un antecedente académico personal. La diferencia no es menor, porque de ella depende qué se está discutiendo exactamente.

El 18 de agosto la diputada Agustina Propato presentó dos proyectos en la Cámara baja, un pedido de informes y una declaración de repudio, acompañada por catorce firmantes entre los que están Germán Martínez, Pablo Todero y Roxana Monzón. El texto califica el episodio como una situación de gravedad institucional inadmisible y sostiene que la formación de cuadros políticos en articulación con el Foreign Office no es una mera actividad académica sino, en términos geopolíticos, la facilitación de herramientas de influencia e injerencia extranjera. De los seis puntos que reclama, el cuarto es el más interesante y el que nadie había pedido antes, cuánto personal formado en programas del Reino Unido se desempeña hoy en esa secretaría.

Los analistas consultados por la prensa no coincidieron. Gonzalo Fiore Viani calificó el caso de gravísimo. Gabriel Puricelli fue bastante más cauto y dijo que no cree que haya prueba de que este tipo de programas marquen la influencia, aunque aclaró que igual rechazaría esa candidatura para ese cargo. La segunda posición es la honesta y la que obliga a trabajar más. También hay que anotar que la noticia circuló rápido por RT y Sputnik, medios estatales rusos con interés propio en narrativas de injerencia occidental, lo que puede afectar el tono de la cobertura pero no los hechos, porque la convocatoria del programa es pública y el expediente legislativo existe.

El litio, el derecho minero y lo que efectivamente está probado

La hipótesis más inquietante, la de una formación británica orientada a los cuadros que regulan los recursos argentinos es verificable. En la cohorte 2024-2025 los anuncios oficiales de la embajada listan derecho internacional de minerales y política energética y climática entre las áreas de estudio. En la de 2016-2017 aparecen estudios de energía y la Universidad de Dundee entre los destinos. El propio sitio de Chevening destaca hoy como caso argentino a Manuel Alderete, presentado como alguien que ayuda al país a liderar una transición energética justa y que, con pasión por los minerales críticos, usa el derecho para proteger a las personas y al planeta. Lo dice la institución, no un crítico.

Dundee no es una universidad cualquiera en este rubro. Su Centre for Energy, Petroleum and Mineral Law and Policy formó a más de seis mil profesionales de cincuenta países desde 1977 y es la usina clásica de reguladores de hidrocarburos y minería del mundo en desarrollo. Ahora bien, hay una arista amenazadora que aparece a medida que se indaga sobre la cuestión. La Chevening Energy Market Reform Fellowship, alojada precisamente en ese centro y dirigida a profesionales sénior del sector energético, está reservada a candidatos de China.

Donde el vínculo entre financiamiento británico y arquitectura regulatoria de recursos aparece con mayor nitidez es fuera de las becas. La convocatoria de proyectos que la embajada abrió en 2019, con fondos de ayuda al desarrollo, incluía explícitamente el apoyo a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, que es un estándar de divulgación de la renta minera e hidrocarburífera. Y en marzo de 2024 el British Geological Survey, financiado por la red científica del gobierno británico, condujo talleres en la Argentina y Chile sobre extracción responsable de litio con participación del servicio geológico argentino, el CONICET y los gobiernos de Salta, Jujuy y Catamarca, con el objetivo declarado de proponer una hoja de ruta priorizada de investigación. Incidir sobre qué se investiga es incidir sobre qué se podrá decidir después, aunque el producto no tenga fuerza normativa y el formato haya sido de diálogo abierto con operadores y comunidades.

Hasta ahí llega la evidencia. No hay nómina pública de becarios argentinos, el presupuesto de Chevening no se publica desagregado por país y no existe ningún estudio que mida efectos del programa sobre decisiones regulatorias concretas en la Argentina. Existe si un circuito deliberado para colocar egresados en instituciones británicas en organismos de energía, minería o pesca. En base a la evidencia publica podemos afirmar que hay un dispositivo de influencia declarado, medido y sostenido durante treinta y cinco años, y hay un caso puntual de superposición de roles que amerita respuesta.

Esa respuesta se puede forzar sin recursos extraordinarios. Un pedido bajo la ley 27.275 a la Cancillería por los convenios firmados con la embajada británica desde 2024 y por la nómina de agentes de la secretaría que participaron en programas financiados por el Reino Unido. Otro al Ministerio de Capital Humano por las series de postulantes y adjudicatarios argentinos. Una consulta a la Oficina Anticorrupción sobre los artículos 13 y 15 de la ley 25.188. Un pedido a la Inspección General de Justicia por el estatuto y las autoridades vigentes de la Fundación Argentina Global. Y dos solicitudes bajo la Freedom of Information Act británica, una por el presupuesto Chevening asignado a la Argentina por ejercicio y otra por los informes de return on influence desagregados por país. Cualquier bloque legislativo puede presentarlos esta semana.

Londres invierte en este programa cincuenta y nueve millones de libras al año en formar dirigentes, lo declara en documentos públicos y lo audita con una métrica que se llama retorno sobre la influencia. Lo que no existe es un programa argentino equivalente. Un país que discute soberanía sobre su plataforma continental y sobre el litio de la puna necesita cuadros propios formados con criterio propio, y no los tiene. Mientras esa asimetría siga intacta, y los responsables administrativos y políticos argentinos lo permitan cada convocatoria abierta será acción abiertamente hostil contra la Nación Argentina.