Ningún país piensa seriamente su lugar en el mundo sin pensar sus rutas. Para la Argentina, la más importante no es terrestre ni marítima en sentido estricto: es fluvial. El sistema Paraná-Paraguay —la Hidrovía— es la arteria por la que circula la mayor parte de su producción agroexportadora, y por eso mismo un objeto geopolítico de primer orden, donde se cruzan la soberanía nacional, la renta del comercio exterior y el federalismo.

Una arteria continental

La Hidrovía recorre unos 3.400 kilómetros y conecta el corazón productivo de Sudamérica —Bolivia, Paraguay, el sur de Brasil y el litoral argentino— con el Atlántico. Por su tramo argentino sale cerca del 80% de las exportaciones de granos y subproductos del país, concentradas en el complejo portuario de Rosario-San Lorenzo, el mayor polo de molienda de soja del planeta. Hablar de la Hidrovía es hablar de la principal infraestructura estratégica del país, aunque rara vez ocupe el lugar que le corresponde en el debate público.

De la libre navegación a la concesión

La libre navegación de los ríos interiores fue una de las cuestiones que ordenó la organización nacional tras Caseros y quedó inscripta tempranamente en el diseño constitucional. Sobre esa base, la tradición geopolítica argentina —de Segundo Storni, que situó los intereses marítimos y fluviales como asunto de Estado, a Nicolás Boscovich y los desarrollistas que pensaron la Cuenca del Plata como eje de integración— entendió el corredor no como un simple canal de exportación sino como columna vertebral del desarrollo del interior. La administración del dragado y el balizamiento estuvo largo tiempo concesionada, y su reestatización y posterior relicitación reabrieron la discusión de fondo: quién controla, con qué reglas y en beneficio de quién, la vía por la que respira la economía argentina. En 2026, la Vía Navegable Troncal fue adjudicada por veinticinco años al consorcio de la belga Jan de Nul y la argentina Servimagnus.

El tablero de intereses

Una vía navegable no es solo una zanja dragada: es información, tarifas y logística. Quien opera el corredor conoce en tiempo real qué se mueve, cuánto y hacia dónde, y fija el peaje que incide de manera directa sobre el precio final de la producción. Por eso la puja por su control convocó a actores europeos, asiáticos y americanos, y por eso su gobernanza es inseparable de la relación con los socios de la cuenca —Paraguay, principal usuario aguas arriba, y Brasil— y del régimen compartido que ordena el sistema desde el Tratado de la Cuenca del Plata. A ello se suma un frente menos visible: la salida al mar. Los canales de Martín García y, sobre todo, el proyectado Canal Magdalena definen si la producción egresa por aguas y servicios propios o depende de infraestructura de terceros.

El interés nacional

Leído desde el interés argentino, el problema no es la libre navegación —principio que el país sostiene— sino la gobernanza soberana del corredor. La posición nacional se fortalece cuando el Estado conserva el control de la información y la regulación, cuando el peaje refleja el valor estratégico de la vía y su renta se reinvierte en el desarrollo del interior, y cuando las provincias ribereñas —Santa Fe y Entre Ríos, cuyos puertos y complejos agroindustriales dependen del dragado y de las tarifas— participan de una coordinación federal efectiva. Se debilita, en cambio, cada vez que se cede el control de esa información, se subvalúa el canon o se fragmenta la decisión.

Conclusión

La concesión cierra un proceso licitatorio y abre la cuestión permanente: la de un país que debe decidir si gestiona su gran corredor fluvial como una política de Estado o lo administra como un expediente más. La vía es libre para navegar; su regulación, su renta y su información pertenecen a la Nación y a sus provincias.