Hay una operación argentina de Peter Thiel que nadie discutió en los cuatro meses en que se habló de Peter Thiel. No está en Barrio Parque ni en la Patagonia. Está a boca de pozo, en dos bloques de Vaca Muerta, y consiste en unos quince megavatios de contenedores con servidores que se alimentan del gas que de otro modo se quemaría en la antorcha.1
El vehículo es Crusoe Energy Systems, la empresa de Denver en la que Founders Fund —el fondo que Thiel conduce— invirtió desde la ronda semilla del 14 de marzo de 2019 y cuya Serie D de 600 millones de dólares lideró en diciembre de 2024 con una cita de respaldo que Thiel firmó personalmente.1, 2 En junio de 2023 Crusoe eligió a la Argentina para su primera expansión internacional: una alianza exclusiva con la local Unblock Computing, dirigida por Tomás Ocampo, para llevar la tecnología Digital Flare Mitigation a la cuenca neuquina. Unblock opera hoy en Loma Jarillosa Este, de Pluspetrol, y en Los Toldos II Este, de Tecpetrol. En julio de 2025 Pampa Energía y el Grupo Sielecki entraron como inversores locales.1, 3
El dato técnico es el que importa, y es el que explica todo lo demás: estos centros de datos no se conectan al sistema interconectado. Generan la electricidad, la consumen y la disipan en el mismo lugar. Esquivan el cuello de botella estructural de la transmisión eléctrica argentina y, con él, buena parte de la regulación y del escrutinio público que pesan sobre cualquier gran consumidor de energía.1 Es cómputo soberano de facto, sobre suelo argentino, sin depender del Estado argentino para funcionar. Y es escalable.
Con eso en mente conviene volver a leer los dos expedientes que el Congreso trató este año.
El expediente tierra
El 26 de marzo el Ejecutivo envió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, impulsado desde el Ministerio de Desregulación de Federico Sturzenegger. En su Capítulo III modificaba la Ley 26.737 de Tierras Rurales, la norma de 2011 que fija un tope del 15% de tierra rural en manos extranjeras a escala nacional, provincial y departamental, un subtope del 30% por nacionalidad y un máximo de mil hectáreas por titular en la zona núcleo.4 La primera versión liberalizaba directamente la compra y pasaba la facultad regulatoria a las provincias; la negociada se conformaba con elevar el tope al 25%.5
El 5 de agosto, tras el rechazo de legisladores aliados y con Patricia Bullrich a cargo de la negociación, el oficialismo retiró el capítulo completo para salvar la sesión. El 6 y el 7 el Senado aprobó el resto —también sin el capítulo de manejo del fuego, resignado en el recinto— por 37 votos contra 33, con represión en las inmediaciones del Congreso. La iniciativa pasó a Diputados.5, 6
Conviene no leer eso como una derrota definitiva. Lo que ocurrió el 5 de agosto es que el Gobierno midió cuántos votos le faltaban. Son pocos, y el proyecto sigue vivo en la otra cámara.
Falta un mes para que ese capítulo se cruce con la pieza que ya está aprobada. El 24 de junio Diputados sancionó el Súper RIGI: umbral de mil millones de dólares, treinta años de estabilidad regulatoria, 15% de Impuesto a las Ganancias, sin obligación de liquidar divisas de exportación, sin retenciones, sin aranceles de importación y con arbitraje internacional que sustrae los conflictos a los tribunales argentinos.7 Tierra sin tope más Súper RIGI no es apertura a la inversión: es enclave. Territorio propio, régimen fiscal propio y jurisdicción propia.
La diputada Adriana Serquis, doctora en Física por el Balseiro y ex titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica, sostiene que el Súper RIGI está diseñado a la medida de los centros de datos patagónicos. El científico Fernando Schapachnik, ex director ejecutivo de la Fundación Sadosky, fue el primero en señalar la coincidencia entre el desembarco de Thiel y el intento de derogar la Ley de Tierras, y en vincularla con Próspera, la ciudad-empresa de Roatán respaldada por fondos de su entorno y caída tras un fallo adverso de la Corte Suprema de Honduras.8, 9 La fórmula de las zonas económicas especiales consiste en obtener porciones de territorio en propiedad privada con autonomía para dictar parte o la totalidad de sus normas. Próspera demostró el interés y también el límite: cayó cuando un tribunal local falló en contra. Un actor que aprendió esa lección buscaría, en la iteración siguiente, blindaje contra tribunales locales. El arbitraje internacional del Súper RIGI es exactamente eso.
El expediente datos
El 2 de enero, con el Congreso en receso, se publicó en el Boletín Oficial el DNU 941/2025. Reforma la Ley de Inteligencia sin pasar por el Parlamento, crea la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad de Información Nacional, y obliga a más de quince organismos —RENAPER, Migraciones, Aduana, la UIF entre ellos— a proveer información a la SIDE, que además aprueba presupuestos reservados y queda habilitada a compartir datos con agencias de otros países. No fija procedimientos ni mecanismos de control.10 Lo que constituye, por decreto, es un repositorio integrado de datos personales de toda la población: el insumo exacto que un sistema de análisis masivo necesita para funcionar.
El 5 de febrero, un mes después, se firmó el Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos con Estados Unidos. Entre sus cláusulas, la Argentina reconoce a ese país como «jurisdicción adecuada» para transferencias transfronterizas de datos, incluidos los personales.11 Traducido: cae la barrera jurídica que obligaba a exigir garantías adicionales para sacar información del país.
La tercera pieza no está firmada, pero está gestionada. El Ministerio de Seguridad intentó ingresar a Palantir —la empresa que Thiel cofundó en 2003 con apoyo de la incubadora de la CIA y que hoy es uno de los mayores contratistas del Pentágono— a través de la agencia de seguridad migratoria; la operación se frenó por disputas internas del oficialismo.12 En abril, ya en Buenos Aires, Thiel almorzó con Santiago Caputo, el asesor presidencial que controla el área de inteligencia.13 En mayo, Amnistía Internacional Argentina publicó un informe advirtiendo sobre riesgos de vigilancia masiva, perfilamiento, detenciones y deportaciones, y pidió transparentar toda reunión o acuerdo con la firma.14
El contraste es lo que convierte esto en un asunto geopolítico y no en un debate sobre privacidad. Mientras la Argentina desarma sus barreras, sus socios occidentales las levantan: Francia rescindió el contrato de sus servicios de inteligencia con Palantir invocando soberanía digital, el Reino Unido revisa el del Servicio Nacional de Salud, Alemania avanza en la misma dirección y el Gobierno español instruyó a empresas con participación pública —Telefónica e Indra— a no contratar con la firma.15 La Argentina se estaría sumando a una arquitectura de la que las democracias europeas se están retirando, y justo cuando esa arquitectura pierde clientes en el Norte.
Lo que ya hizo antes
En 2011 Thiel obtuvo la ciudadanía neozelandesa en una ceremonia privada en el consulado de Santa Mónica, habiendo pasado doce días en el país. En 2015 compró unas 193 hectáreas cerca de Wanaka, clasificadas como «tierra sensible» por la normativa local: la operación habría requerido autorización de la Overseas Investment Office, de la que quedó eximido precisamente por ser ciudadano.9 La secuencia fue ciudadanía primero, tierra después.
En julio de 2025, el Decreto 524/2025 creó en el Ministerio de Economía la agencia del programa argentino de ciudadanía por inversión. Según reportes de prensa internacional, permitiría obtener el pasaporte sin residencia previa a cambio de una donación no reembolsable de unos 500.000 dólares o la compra de un millón en bonos cupón cero, con acceso al Mercosur. Se espera su lanzamiento para fines de año. Consultoras del sector ya tienen clientes en lista de espera.16
Lo que no está probado
Varias publicaciones afirman que Thiel compró miles de hectáreas en la Patagonia. Ninguna aporta escritura, ubicación ni sociedad compradora. La cobertura de abril consignaba que analizaba comprar propiedades en la ciudad y en el sur, y aclaraba explícitamente que no estaba claro si su interés incluía tierras productivas.13 Hasta que aparezca un asiento registral, es una versión.
Y hay una contrahipótesis bien reporteada que conviene no esquivar. En junio, Diego Genoud publicó que Thiel se iba del país sin haber puesto un dólar, y que los empresarios que lo recibieron en Barrio Parque concluyeron que no venía a invertir en minería, hidrocarburos ni agronegocio: venía a averiguar si el experimento libertario puede sostenerse en el tiempo.8 Seis semanas después se anunció su regreso como orador central de la cumbre «Vientos de Cambio», el 1 y 2 de septiembre en el Sheraton de Retiro, junto a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y el Nobel James Heckman.17
Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. Comprar una opción y todavía no ejercerla se ve, desde afuera, exactamente así.
La asimetría
Esa es la lectura que ordena los dos expedientes. Thiel no compró activos en la Argentina: compró, a costo marginal y de manera reversible, el derecho a operar en la única jurisdicción grande de Occidente que está en camino de ofrecer cinco cosas juntas —territorio vacío y barato, energía varada sin salida por gasoducto, compromiso estatal de no regular la inteligencia artificial, bases de datos públicas integradas y transferibles, y treinta años de blindaje jurídico con arbitraje fuera del país—. La casa, la ciudadanía por inversión y el foro de septiembre son la prima de esa opción. El ejercicio depende de una sola variable, y es la que vino a averiguar en abril: si esto sobrevive a 2027.
Queda entonces la asimetría que define el asunto. Thiel puede irse en un avión. La ciudadanía otorgada, la tierra vendida, los datos transferidos y los treinta años de estabilidad pactados no se revierten con la misma facilidad. Esa diferencia, y no el monto de una inversión que todavía no existe, es lo que hace de esto una cuestión de soberanía.