Lo que publicó Infobae
El 11 de octubre, Infobae publicó una nota de su corresponsal en Santiago, Mauricio Palazzo, según la cual «fuentes de inteligencia chilenas» prevén un «evento crítico» con la Argentina a raíz del viaje del Danstar, un carguero de la naviera chilena Easter Island destinado a unir Punta Arenas con Puerto Argentino. El texto reproduce una investigación de la Unidad de Investigación de BioBíoChile difundida tres días antes y la complementa con declaraciones ya conocidas, sin aportar documentación propia2.
La información disponible es escasa y reiterativa. Según esas versiones, el buque atravesaría el Estrecho de Magallanes con alimentos, materiales de construcción, gas licuado y repuestos, y el gobierno de José Antonio Kast habría descartado una escolta de la Armada por tratarse de un operador privado2. La fecha del zarpe se mantiene en reserva, aunque en la Argentina se mencionó el 10 de noviembre5. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, definió la iniciativa como «un acuerdo entre privados» orientado a disputar a Montevideo el abastecimiento del archipiélago2.
La fuente original, un informe sin firma
La fuente primaria es el artículo de BioBíoChile Investiga del 8 de octubre, firmado por Nicolás Parra Tapia, director de esa unidad. El texto no exhibe documento alguno. Se apoya en fuentes que solicitaron reserva por tratarse de materias confidenciales y que sitúan el riesgo en un punto preciso, la boca oriental del estrecho, cuando el Danstar ingrese en las 12 millas del mar territorial argentino. El escenario descripto es una interceptación por parte de la Prefectura Naval o de la Armada1.
De acuerdo con esas mismas fuentes, la información habría llegado al gobierno chileno a través del Ministerio de Defensa, que la remitió a la Cancillería y a la Presidencia, sin que se haya podido precisar la fecha. Ambos ministerios declinaron formular comentarios, y una fuente del Poder Ejecutivo, sin identificarse, se limitó a señalar que «es un tema que nos ocupa»1. Al día siguiente, La Prensa Austral de Punta Arenas reconoció que el supuesto informe carece de organismo emisor y de fecha precisa.
El carácter anónimo de la información surge de los propios medios que la difundieron. BioBío la atribuye a fuentes que no identifica, en razón de la confidencialidad de la materia1. La Prensa Austral admite que el informe no tiene organismo emisor ni fecha4. La Tercera e Infodefensa tampoco identifican a la agencia que lo habría elaborado16,18. Ningún funcionario chileno lo confirmó públicamente. El ministro de Defensa, Fernando Barros, consultado el 8 de octubre, evitó referirse al informe y afirmó que «aquí se ha especulado mucho» y que «no hay ningún antecedente que haga temer que se van a romper las normas que rigen la libre navegación»16,17. El senador Alejandro Kusanovic, quien solicitó la sesión secreta, reconoció que no existe información pública suficiente para afirmar que la Argentina haya decidido interceptar el buque6.
El artículo original aporta además dos precisiones que Infobae relegó. El Danstar tiene 72 metros de eslora, enarbola pabellón chileno y posee una capacidad de carga de 1.389 toneladas1. La alternativa del Mar de Drake habría sido descartada porque en Chile se consideró que podía interpretarse como una renuncia a la soberanía sobre el estrecho, de modo que el tránsito por Magallanes, y en consecuencia por aguas argentinas frente a Cabo Vírgenes, respondería a una decisión de orden político1. Perfil atribuye en cambio el descarte del Drake a las dificultades de navegación y a la escasa rentabilidad de esa ruta19.
La única voz argentina que se refirió a una eventual detención del buque no pertenece al Estado. Se trata de Fernando Morales, presidente de la Liga Naval Argentina, quien el 6 de octubre expuso ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Morales invocó el artículo 19 de la Convemar sobre el paso no inocente, señaló que la decisión correspondía a la Cancillería y admitió que desconocía qué medidas se adoptarían. El propio BioBío aclaró que Morales no representa al gobierno ni a las Fuerzas Armadas, aunque tituló que el dirigente «amenaza con detener» al buque5.
Cómo lo leyó Chile
En el transcurso de 48 horas la filtración se incorporó a la agenda parlamentaria chilena. El senador por Magallanes Alejandro Kusanovic solicitó una sesión secreta conjunta de las comisiones de Defensa y de Relaciones Exteriores del Senado, aun cuando reconoció que «no existe información pública suficiente para afirmar que Argentina haya decidido interceptar la embarcación»6. Los diputados republicanos Álvaro Carter, Alejandro Riquelme y Catalina del Real reclamaron firmeza a la Cancillería. Riquelme sostuvo que «ningún decreto argentino puede estar por encima de un tratado internacional», y Del Real afirmó que ningún otro país puede determinar con quién comercia Chile7.
El Poder Ejecutivo adoptó un tono más moderado. El ministro de Defensa, Fernando Barros, descartó la escolta por ausencia de antecedentes que la justificaran y recordó que los tratados garantizan la libre navegación8,17. El canciller Francisco Pérez Mackenna declaró ante la Cámara que «no somos ingenuos», aunque estos asuntos se resuelven con prudencia4. El gobernador de Magallanes, Jorge Flies, solicitó en cambio una intervención temprana de la Cancillería para evitar que la cuestión escale, según consignó Radio Universidad de Chile.
La prensa chilena recurrió a dos especialistas. Luis Valentín Ferrada, de la Universidad de Chile, sostiene que la Convemar y el Tratado de Paz y Amistad de 1984 impiden a la Argentina obstaculizar el tránsito, y Juan Pablo Berlinger agrega que una detención equivaldría a declarar «insanablemente nulo» el tratado de 19841. Diversos medios incorporaron al análisis el decreto 457 de 2021 y las declaraciones formuladas en agosto por el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, sobre Magallanes3. El dirigente libertario Johannes Kaiser publicó en BioBío una columna en la que planteaba si la Argentina prepara «una nueva ofensiva jurídica» sobre el estrecho, y el canciller Pablo Quirno respondió con una negativa expresa9.
El resultado es un relato en el que Magallanes, el Beagle, la Antártida y Malvinas aparecen como un único expediente, con la Argentina situada invariablemente en el lugar de la amenaza. En ese relato el archipiélago apenas figura como territorio bajo ocupación británica y sujeto a una disputa de soberanía. Figura como un mercado.
Análisis. Los desenlaces posibles
Una filtración sin respaldo documental, que anticipa una conducta argentina no anunciada por ningún funcionario argentino, cumple una función antes de que se produzca hecho alguno, la de asignar responsabilidades por anticipado. Si el Danstar fuera interceptado, Chile podría invocar que lo había advertido; si el tránsito se desarrollara sin novedades, en Santiago se atribuiría el resultado a la presión ejercida. En ambos casos, el emprendimiento comercial de una naviera de Punta Arenas queda amparado por el respaldo político del Estado chileno, objetivo que el sector empresario magallánico persigue desde que el acuerdo con la Corporación de Desarrollo de las islas fue anunciado a comienzos de septiembre, durante la visita del presidente Milei a La Moneda3,8.
La soberanía sobre el estrecho no está en discusión. El 25 de agosto la Cancillería argentina declaró que su posición sobre Magallanes es la contenida en los tratados de 1881 y 1984, que «rigen plenamente y son considerados definitivos»15, y el canciller reiteró esa postura en su respuesta a Kaiser9. La cuestión sensible para la Argentina es el cerco logístico sobre la ocupación británica que el país sostiene desde 2010. En la actualidad el archipiélago se abastece desde Montevideo, a unos 2.000 kilómetros, mientras que Punta Arenas se encuentra a unos 9004. Una línea regular desde Magallanes proporcionaría a la administración de las islas un segundo proveedor sudamericano, más próximo y de menor costo. Ello ocurre cuando la Cancillería advierte que quien contribuya a la explotación «ilegítima» de recursos argentinos difícilmente participará de los beneficios del crecimiento del país, y cuando legisladores argentinos solicitan a los países vecinos que cierren sus puertos y aeropuertos a las empresas vinculadas a Sea Lion3. La misión de 40 empresarios británicos que visitó Punta Arenas a fines de septiembre indica que la contraparte comparte esa lectura2.
El desenlace depende de decisiones que ninguno de los actores ha hecho públicas. La naviera no confirmó la fecha del zarpe y el gobierno argentino no anunció medida alguna.
El escenario más probable, a juzgar por las declaraciones de ambos gobiernos, es un tránsito sin incidentes. Barros aludió a la especulación existente16,17, Quirno desmintió una ofensiva argentina sobre el estrecho9 y una fuente oficial argentina descartó la cuestión al afirmar que «no hay nada; ellos están obsesionados»3. El jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, destacó a su vez las «excelentes relaciones» con Chile3. Si el Danstar atravesara las aguas frente a Cabo Vírgenes y arribara a Puerto Argentino sin interferencias, el viaje inaugural daría paso a una línea regular. La ocupación británica obtendría un proveedor a 900 kilómetros en lugar de 2.0004 y Magallanes accedería al mercado que reclama desde hace años. En Santiago, los sectores que difundieron la hipótesis del «evento crítico» podrían presentar la ausencia de incidentes como prueba del efecto disuasivo de la advertencia. Para la política argentina de cerco al archipiélago, el resultado supondría un retroceso de escasa visibilidad pública pero con valor de precedente.
Un segundo escenario combina el libre tránsito con una respuesta administrativa. El decreto 256 de 2010 continúa vigente y exige autorización previa a todo buque que atraviese aguas jurisdiccionales argentinas con destino a las islas o que transporte mercaderías, directa o indirectamente, entre el continente y el archipiélago12. La Prefectura Naval ya lo aplicó a un buque chileno, el remolcador Beagle de la empresa Ultramar, en abril de 2024, sin mayores consecuencias en el plano diplomático3,10. Un sumario contra Easter Island Naviera tendría efectos materiales únicamente si la empresa opera o proyecta operar en puertos argentinos, extremo que no es de conocimiento público. En Chile, sin embargo, sería interpretado como un acto de hostigamiento, y los diputados republicanos ya han anticipado el argumento de que ningún decreto prevalece sobre un tratado7.
Entre el libre tránsito y la detención existen respuestas intermedias. El acompañamiento a distancia por parte de una unidad de la Prefectura o de la Armada durante el paso por el mar territorial, o una comunicación radial de identificación, constituyen prácticas habituales que no impiden la navegación. No obstante, en el clima generado por la filtración, cualquier registro de un guardacostas argentino junto al Danstar sería difundido en Chile como confirmación del «evento crítico», con independencia de lo efectivamente ocurrido en el mar.
El escenario que describe la filtración, la interceptación o la captura del buque, es el menos probable y el de mayores consecuencias. Entraría en conflicto con el artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad de 1984, por el cual la Argentina «se obliga a mantener, en cualquier tiempo y circunstancias, el derecho de los buques de todas las banderas a navegar en forma expedita y sin obstáculos a través de sus aguas jurisdiccionales hacia y desde el Estrecho de Magallanes»13. Se produciría, además, mientras la Argentina procura someter al Reino Unido a un arbitraje del Anexo VII de la Convemar por Sea Lion11, lo que permitiría a Londres oponer un caso de libertad de navegación a un reclamo centrado en la explotación de recursos. En el plano chileno, el presidente Kast quedaría expuesto a la presión de una derecha parlamentaria que ya reclama firmeza7, y la afinidad política entre La Moneda y la Casa Rosada, que superó la controversia por las declaraciones de Valverde en agosto3, enfrentaría su primera prueba de envergadura.
Existe un desenlace menos considerado, la postergación o suspensión del viaje. La repercusión de las últimas semanas incrementa el riesgo para una naviera de escala reducida, que opera un buque de 72 metros1 y cuyo gerente general, Pablo Pacheco, declinó pronunciarse sobre el informe4. Si la fecha se pospusiera, la filtración habría producido un efecto distinto del que anunciaba.
El gobierno chileno, por su parte, presenta una vulnerabilidad propia. En diciembre de 2011 Chile adhirió a la declaración del Mercosur que cerró los puertos de la región a los buques con pabellón de las islas, con el argumento de que no reconoce jurisdicción ni soberanía propias del archipiélago14. Una línea regular que opera con despachos emitidos en Puerto Argentino por esas mismas autoridades coloca aquella posición en una situación difícil de sostener, se produzca o no un incidente. Louise Ellis, funcionaria de la administración isleña, negó que el Danstar vaya a abastecer a Sea Lion5, afirmación que podrá verificarse a partir del primer cargamento.
Los plazos son breves. El término fijado al Reino Unido respecto de Sea Lion vence el 12 de octubre11 y el zarpe está previsto entre mediados de noviembre y comienzos de diciembre4,19. En cualquiera de los escenarios, los sectores chilenos que requerían un adversario argentino para su agenda austral ya obtuvieron un rédito político de la hipótesis del «evento crítico». El resto de la cuestión se dirimirá en las aguas frente a Cabo Vírgenes.